Mendoza propone uniforme naranja y prohíbe zapatillas en cárceles
Un senador provincial de Mendoza ha llevado a la legislatura un proyecto de ley que busca modificar varias reglas del sistema penitenciario. La propuesta sugiere que los presos usen uniformes de color naranja y que se prohíba el uso de zapatillas deportivas dentro de los establecimientos carcelarios.
La idea principal es reforzar los controles de seguridad en cárceles, alcaidías y centros de detención en toda la provincia. Para ello, se toman como referencia modelos de otros países y experiencias recientes en Argentina.
El uso de uniformes naranjas en las cárceles
El proyecto argumenta que el uso de mamelucos naranjas, algo común en las cárceles de Estados Unidos, facilitaría la identificación rápida de las personas privadas de libertad. Así se reducirían las chances de confusión durante algún intento de fuga.
Esto no es algo completamente nuevo; en Santa Fe, desde 2024, los detenidos considerados de “alta peligrosidad” ya utilizan uniformes de este color. La idea es clara: los internos no deben parecer civiles en ningún momento.
El documento explica que la actual permisividad con la vestimenta civil en las cárceles pone en riesgo la identificación inmediata. La experiencia demuestra que el uso de uniformes de alta visibilidad, como el naranja, puede disminuir significativamente las posibilidades de una fuga exitosa.
Prohibición de zapatillas deportivas
Otro aspecto importante de la propuesta es la prohibición de calzado deportivo de propiedad privada dentro de las unidades penitenciarias. Se argumenta que este tipo de calzado facilita intentos de escape.
El texto menciona que las zapatillas deportivas, diseñadas para correr y escalar, son herramientas que pueden ayudar en una fuga. En cambio, se propone que el sistema penitenciario proporcione calzado monomaterial sin cordones, diseñado específicamente para minimizar la posibilidad de huídas.
Los internos pagarían su uniforme
Un detalle curioso es que el proyecto establece que los propios internos enfrentarían el costo del uniforme y del calzado que utilicen en el sistema penitenciario. El senador Gabriel Rostand, creador de la iniciativa, sostiene que esto ayudaría a aligerar la carga sobre las finanzas públicas.
Según él, el sostenimiento del sistema penitenciario no debería recaer únicamente en el contribuyente mendocino, especialmente en artículos de uso personal. Esto no solo alivia el gasto público, sino que también incentiva a los internos a hacerse cargo de sus costos.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza se encargaría de establecer los precios de la indumentaria, tomando en cuenta los costos de producción.
Nuevas reglas dentro de las cárceles de Mendoza
Además, el proyecto incluye otras medidas para reorganizar el sistema penitenciario:
- Prohibición de prendas civiles en áreas de alojamiento y circulación dentro de los penales.
- Uso obligatorio del uniforme durante traslados fuera de las unidades penitenciarias.
- Inventario y custodia de la ropa personal de los detenidos al ingresar al sistema.
Las pertenencias de los internos serían almacenadas y devueltas una vez recuperen su libertad.
El antecedente en Santa Fe
Como antecedente, se menciona la experiencia en Santa Fe, donde desde 2024 los internos de alta peligrosidad deben usar uniformes naranjas. Este grupo incluye a detenidos asociados con narcotráfico y otros delitos graves.
En Santa Fe, la normativa establece que los uniformes deben usarse cada vez que un interno salga de su lugar de alojamiento, ya sea para actividades en la unidad o traslados externos. También prohíbe que los visitantes ingresen con ropa naranja para evitar confusiones.
Finalmente, se señala que los presos son responsables del cuidado del uniforme, con posibles descuentos en su peculio si hay daños.